Desde hace un tiempo y, con mayor intensidad, desde el alzamiento popular de octubre de 2019 se escuchan con fuerza las voces que, desde distintos sectores de la sociedad, exigen el FIN DEL SENAME. Entendemos que esta demanda se funda, en la legítima indignación que provoca en amplios sectores de la población, las frecuentes noticias que hablan de maltratos, abusos, condiciones de precariedad, indolencia y un sinnúmero de condiciones inhumanas en las que viven los niños/as y adolescentes en instituciones supervisadas por SENAME tanto de la red privada o de administraciones directas.
Como parte y siendo un sector de los cientos de trabajadores del Sename; desde la administración directa, entendemos y nos hacemos parte de esta indignación. Así lo hemos manifestado, repetidamente, desde que nos conformamos como Asociación Regional de Trabajadores del Sename (ARTRASE) y como Federación Nacional de Trabajadores del Sename (FENATRASE); denunciando las irregularidades al interior del servicio. Además, en esa lógica, hemos funado a diversos directores nacionales por sus manejos partidistas y por sus conflictos de interés, denunciando la persecución y maltrato a la infancia mapuche, denunciando el acuerdo entre la ANI y el Sename, entre otras acciones. Cada una de estas denuncias ha generado acciones de hostigamiento y persecución a trabajadores y dirigentes de nuestra Asociación.
Como sector de trabajadores/as, vinculados a la labor permanente con la infancia y con los jóvenes más invisibilizados y vulnerables de nuestra sociedad; creemos que es necesario generar un debate profundo, serio y autocrítico, alejado de toda tentación y consigna populista. Es nuestro deber, como organización sindical, exponer nuestra posición, basados en nuestra trayectoria permanente de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, así como de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Como ARTRASE BIO BÍO hemos planteado a todos los gobiernos de turno la obligatoriedad del respeto en la aplicación del Decreto N° 830 que Promulgó en nuestro país la Convención de los Derechos Del Niño/a en base a la obligación que asiste al Estado, de garantizar los derechos de toda la infancia, adolescencia y juventud en Chile. La realidad indica que esto, más allá de medidas parciales, jamás ha sido escuchado ni tomado en cuenta por ningún gobierno.
Una de las primeras decisiones que demandamos es el término de lucro de las empresas privadas llamadas “colaboradoras del Sename” (OCAS) y el traspaso de todos los trabajadores de estas empresas al Estado, junto con la urgencia de la Ley que Establezca y Garantice los derechos de los niños/as y adolescentes.
El término de una institucionalidad que se vincula al trabajo con personas debe evaluarse desde los parámetros que impone el modelo económico dominante, así como desde el sistema político, económico y social que sustenta dicho modelo, el cual se caracteriza por generar condiciones que provocan la alteración y destrucción de las relaciones humanas y las redes colectivas de solidaridad entre comunidades. Con ello entendemos que dentro de las concepciones de la pseudodemocracia en la cual convivimos y en la que muchos apenas sobreviven, sus representantes tienden al cambio cosmético de la institucionalidad, por tanto, se entenderá que el clamor popular de No más Sename dará paso a otra institucionalidad, con otro nombre, pero con las mismas viejas prácticas.
Es por ello que como organización de trabajadores/as no asumimos, ni avalamos un No más Sename, si ello no plantea la construcción de una alternativa realista, dotada de contenidos políticos y técnicos; que sea producto de un debate amplio, de una autocrítica profunda tanto de la sociedad como de sus instituciones, y que genera en definitiva una verdadera Política de Infancia y Adolescencia.
Es fácil exigir el término del Sename desde la galería, pero es irresponsable no levantar una propuesta alternativa. Vivimos regidos por un sistema político y económico que ha fomentado el individualismo y la destrucción del tejido social y organizacional de nuestros barrios, lo que se ve reflejado en: la precarización de las habilidades parentales de un número importante de padres y madres; altos niveles de delincuencia vinculada al consumo problemático de drogas y al consumismo impuesto por el sistema; un número importante de nuestra población padece patologías siquiátricas, las que se ven reflejadas, también, en un porcentaje de nuestra juventud.
¿Qué modelo de intervención planteamos ante esta realidad?
¿Qué proponemos con los niños abandonados, maltratados o violentados en su entorno familiar?
¿Qué planteamos con los miles de jóvenes que desertan tempranamente del sistema escolar?
¿Qué proponemos con un joven que ha asesinado a otro joven de su población o ha violado a una joven pobladora?
Porque finalmente de esto estamos hablando. De situaciones reales.
¿Qué ha hecho el Estado, hasta ahora? Se ha desligado de toda responsabilidad. Aplicando un modelo mercantil a una problemática de carácter social y que tiene que ver con la garantización de derechos esenciales a niños, niñas y adolescentes; en su mayoría, hijos de hogares pobres.
El Estado, al igual que en los ámbitos de la Salud y la Educación ha hecho de esto, una oportunidad de negocios para el mundo privado. En este caso, de un sinnúmero de “Fundaciones” que se benefician de los generosos aportes fiscales (70 % del actual presupuesto del Sename) y, a través de estas, se alimentan partidos políticos de todo el espectro institucional (todos los partidos están vinculados a fundaciones) y la iglesia.
Para nosotros, como organización sindical, resulta inquietante que a la hora de ejercer la legítima denuncia y crítica, no se discrimine a la hora de apuntar con el dedo a quienes trabajamos diariamente con quienes nadie quiere ver ni tener cerca. Lo anterior es transitar por el mismo fetiche de los sectores que nos oprimen y que plantean que pobreza es sinónimo de delincuencia. Existe un número importante de trabajadores y trabajadoras que se preocupa de generar vínculos significativos con los niños, niñas y adolescentes e intenta, muchas veces utilizando recursos propios, garantizar contextos de mayor dignidad y respeto para ellos. No negamos la existencia de otro tipo de funcionarios. Es por eso que como organización sindical no hemos amparado prácticas nocivas para el ejercicio del sano derecho de los niños/as y adolescentes y hemos denunciado a quienes, desde sus cargos, abusan o mal usan recursos públicos para beneficio personal.
Es lamentable también, que cuando se hace la crítica al Sename, no se hace la distinción entre los centros de administración directa y los organismos privados (OCAS), siendo precisamente estos, en
donde se concentra la mayor cantidad de irregularidades y situaciones de abuso, tanto hacia los niños, niñas y adolescentes como hacia los trabajadores que allí laboran. Ello conlleva una fuerte carga de discriminación y estigmatización hacia un importante porcentaje de trabajadoras y trabajadores públicos.
Como Organización de trabajadores, siempre se ha estado disponible para discutir seriamente y con la profundidad que amerita, la necesidad de que se genere una Política de Infancia Pública, que esté al servicio de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Una Política Pública que sea ejecutada por el Estado, alejando el interés mercantil y empresarial de las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Demandamos una Política Integral y Garantizada para la Infancia y Adolescencia de nuestro País.
Fin al lucro con la Infancia pobre.
Sin exclusiones con todos y todas….